Qué implicaría la reforma de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas para trámites públicos
Hacer un trámite público puede sentirse como correr una maratón con los zapatos atados. Formularios que se contradicen, requisitos que cambian sin aviso, oficinas que piden lo que ya entregaste en otra ventanilla. No es casual que muchos ciudadanos y empresas vean al Estado como un laberinto más que como un aliado. Por eso, cuando se habla de reformar la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, no estamos ante un tecnicismo legal más: estamos ante la posibilidad de que el Estado deje de ser un obstáculo y empiece a comportarse como un facilitador.
La Ley N.º 31755, publicada en mayo de 2023, modificó el Decreto Legislativo N.º 1256, que desde 2016 regula la eliminación de barreras burocráticas en el país. Pero lo que parecía una actualización técnica ha abierto un debate más profundo: ¿hasta qué punto las entidades públicas deben rendir cuentas por las trabas que imponen? ¿Y qué herramientas reales tiene el ciudadano para defenderse cuando la burocracia se convierte en abuso?
Qué se entiende por barrera burocrática y por qué importa
Una barrera burocrática no es simplemente un trámite molesto. Es cualquier exigencia, requisito, cobro o restricción impuesta por una entidad pública que no tiene sustento legal o que, aun siendo legal, resulta irrazonable. El Indecopi, a través de su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ha sido el órgano encargado de revisar y sancionar estas prácticas desde hace más de una década.
El problema es que muchas veces, aunque el Indecopi declare ilegal una barrera, la entidad responsable no la elimina. O lo hace tarde. O la reemplaza por otra igual de absurda. La reforma de la ley busca cerrar esa puerta giratoria.
Qué cambia con la reforma de 2023
La Ley N.º 31755 introdujo cinco modificaciones clave al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Algunas de ellas pueden parecer técnicas, pero tienen implicancias prácticas muy concretas:
| Cambio legal | Implicancia práctica |
|---|---|
| Se precisa que los efectos de una barrera pueden ser directos o indirectos | Permite sancionar trabas que no afectan de forma inmediata, pero que generan costos o demoras a futuro |
| Se establece que las resoluciones del Indecopi deben cumplirse incluso si no han sido impugnadas | Obliga a las entidades a acatar las decisiones sin esperar a que se agoten todos los recursos legales |
| Se refuerza la obligación de eliminar barreras declaradas ilegales en un plazo máximo de 30 días | Se acorta el margen de maniobra para dilatar el cumplimiento |
| Se permite que las denuncias puedan presentarse incluso si la barrera ya no está vigente | Evita que las entidades “eliminen” la traba justo antes de ser sancionadas |
| Se amplía el concepto de “razonabilidad” como criterio de análisis | Da más herramientas para cuestionar requisitos excesivos o desproporcionados |
Fuente: Indecopi – Ley N.º 31755
Qué implica el Decreto Supremo 059-2025-PCM
En mayo de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 059-2025-PCM, que obliga a todas las entidades del Gobierno Nacional a eliminar o modificar, en un plazo máximo de 30 días, aquellas barreras que hayan sido declaradas ilegales o irrazonables por el Indecopi. Esta norma no solo refuerza lo dispuesto por la Ley 31755, sino que introduce un matiz político: el mensaje es claro, las decisiones del Indecopi no son sugerencias, son mandatos.
El decreto también establece que el incumplimiento será considerado una falta administrativa. Esto abre la puerta a sanciones contra funcionarios que, por acción u omisión, mantengan barreras ilegales. Es un cambio de tono. Ya no se trata solo de corregir errores, sino de asumir responsabilidades.
Fuente: LP Derecho – Decreto Supremo 059-2025-PCM
Qué efectos podría tener en la vida cotidiana
Imagina que quieres abrir una bodega en tu distrito. Vas a la municipalidad y te piden un certificado de zonificación que ya figura en el catastro urbano. Luego te exigen una constancia de defensa civil, aunque tu local no supera los 30 m². Y cuando crees que ya terminaste, te indican que debes pagar una tasa por “evaluación técnica” que no está publicada en ninguna ordenanza.
Con la reforma, podrías denunciar cada una de esas exigencias ante el Indecopi. Y si la entidad no las elimina en 30 días tras una resolución firme, sus funcionarios podrían ser sancionados. No es poca cosa.
Este tipo de cambios no solo beneficia a los emprendedores. También impacta en trámites como la obtención de licencias de conducir, certificados de estudios, permisos de construcción o incluso la inscripción de una asociación civil. En todos esos casos, la eliminación de barreras puede traducirse en menos colas, menos papeles y menos frustración.
Qué riesgos existen si no se implementa bien
Toda reforma legal, por más bien intencionada que sea, corre el riesgo de quedarse en el papel. En este caso, hay al menos tres desafíos que podrían limitar su impacto:
- Resistencia institucional: algunas entidades públicas ven al Indecopi como un intruso. No siempre están dispuestas a acatar sus decisiones sin cuestionarlas.
- Falta de seguimiento: si no hay un sistema que verifique el cumplimiento de las resoluciones, la norma pierde fuerza.
- Desconocimiento ciudadano: muchas personas no saben que pueden denunciar una barrera burocrática. O piensan que es un trámite engorroso.
Para que la reforma funcione, se necesita algo más que leyes. Se requiere voluntad política, capacitación a los funcionarios y campañas de información dirigidas al ciudadano común.
Qué opinan los expertos
Carlos Hakansson, constitucionalista y profesor de la Universidad de Piura, ha señalado que “la reforma fortalece el principio de legalidad en la administración pública, pero su eficacia dependerá de la capacidad del Estado para fiscalizarse a sí mismo”.
Por su parte, la excomisionada del Indecopi, Ana María Mujica, advierte que “el verdadero cambio vendrá cuando los ciudadanos pierdan el miedo a denunciar y las entidades entiendan que no pueden legislar por su cuenta”.
Ambas voces coinciden en algo: la ley puede ser un punto de partida, pero el cambio cultural es lo que realmente marcará la diferencia.
Qué puede hacer un ciudadano si enfrenta una barrera
El procedimiento ante el Indecopi es gratuito y no requiere abogado. Basta con presentar una denuncia detallando la barrera, la entidad que la impone y los documentos que la sustentan. El proceso puede realizarse en línea a través de la plataforma de denuncias del Indecopi.
Una vez admitida la denuncia, la Comisión evalúa si la barrera es ilegal o irrazonable. Si lo es, emite una resolución que obliga a la entidad a eliminarla. Y si esta no cumple, ahora sí, con la reforma, se expone a sanciones.
Qué señales debemos observar en los próximos meses
El verdadero termómetro de esta reforma no será el número de leyes aprobadas, sino la experiencia del ciudadano frente a una ventanilla. Si en seis meses pedir una licencia, registrar una empresa o tramitar un certificado se vuelve menos tortuoso, entonces sabremos que algo cambió.
Pero si las entidades siguen pidiendo lo que ya tienen, si los funcionarios siguen actuando como si fueran dueños del trámite, y si el ciudadano sigue resignado a “cumplir con el papeleo”, entonces la reforma habrá sido solo una promesa más.
La burocracia, como el polvo, se acumula en los rincones donde nadie mira. Esta ley, con sus luces y sombras, al menos enciende una linterna. Ahora toca ver quién se atreve a usarla.
